Mínimo Vital

En el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de mayo de 2007, se publicaron dos tesis aisladas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se refieren al “Derecho al Mínimo Vital”.

Dichas tesis aisladas aparecen en las páginas 792 y 793 del citado Semanario y se transcriben a continuación:

“Registro No. 172545. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Mayo de 2007. Página: 793. Tesis: 1a. XCVII/2007. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional.

DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean.

Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Omar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Registro No. 172546. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Mayo de 2007.

Página: 792. Tesis: 1a. XCVIII/2007. Tesis Aislada. Materia(s): Constitucional,

Administrativa.

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL

LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO. En el marco que corresponde a la materia fiscal, el derecho al mínimo vital constituye una garantía fundada en la dignidad humana y como presupuesto del Estado democrático, de tal manera que los principios especiales que rigen el sistema tributario han de ser interpretados a la luz de los principios fundamentales que informan toda la Constitución. A partir de lo anterior, la capacidad contributiva – concepto capital para juzgar en relación con la proporcionalidad del gravamen, al menos en lo que hace a impuestos directos- ha de apreciarse teniendo en cuenta el contexto real, por lo cual debe precisarse que, si bien el deber de tributar es general, el derecho al mínimo vital exige analizar si la persona que no disponga de los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludible y manifiestamente agraven su situación de penuria, cuando ello puede coexistir con la insuficiencia de una red de protección social efectiva y accesible a los más necesitados. Así, se considera que los causantes deben concurrir al levantamiento de las cargas públicas con arreglo a su capacidad contributiva, en la medida en la que ésta exceda un umbral mínimo que únicamente así podrá considerarse idónea para realizar en el campo económico y social las exigencias colectivas recogidas en la Constitución. El respeto al contenido esencial de este derecho exige que no se pueda equiparar automáticamente la capacidad que deriva de la obtención de cualquier recurso con la capacidad de contribuir al gasto público, todo ello respecto de las personas que puedan carecer de lo básico para subsistir en condiciones dignas; la acepción negativa del derecho al mínimo vital se erige como un límite que el Estado no puede traspasar en materia de disposición de los recursos materiales necesarios para llevar una vida digna. Esta limitante se ha expresado tradicionalmente en la prohibición de los impuestos confiscatorios, pero también es especialmente relevante para el caso el derecho al mínimo vital, en particular el de las personas que apenas cuentan con lo indispensable para sobrevivir. Lo dicho no implica intromisión alguna en la esfera legislativa dentro de la cual se inscribe la configuración del sistema tributario, dado que la misma, por una parte, no es ilimitada -siendo que corresponde a este Alto Tribunal la verificación del apego a las exigencias constitucionales- y por el otro, no es pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que legalmente se defina con toda certeza ese mínimo de subsistencia que serviría de punto de partida en la imposición, sino que se reconozca un patrimonio protegido a efectos de atender las exigencias humanas más elementales, lo cual implica excluir las cantidades o conceptos que razonablemente no puedan integrarse a la mecánica del impuesto -ya sea a nivel del objeto o que no puedan conformar su base imponible-, toda vez que dichos montos o conceptos se encuentran vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas del titular.

Amparo en revisión 1780/2006. Lempira Omar Sánchez Vizuet. 31 de enero de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.”

Las anteriores tesis aisladas, de corte diverso, uno constitucional y otro dirigido al aspecto tributario, significan -en la actual situación económica que se vive en nuestro país-, un avance importantísimo en el análisis constitucional y en materia tributaria sobre un aspecto de relevancia y de suma trascendencia para las personas físicas, como lo es el “mínimo vital”, o como preferimos llamarle “mínimo de subsistencia personal y familiar”, pues en realidad deben tocarse esos dos ángulos personales.

En términos generales, los presupuestos lógicos del mínimo exento o vital, nacen del supuesto de que aun cuando exista riqueza, ésta será gravable en la parte que exceda al mínimo de subsistencia. Por esa parte, el Estado estaría teóricamente en aptitud de exigirle a la persona física la obligación constitucional de contribuir al gasto público.

En diversos países, algunos de Centro América y Europa, los Tribunales Constitucionales y sobre todo la doctrina en materia tributaria, han analizado desde hace varios años este concepto.

Es en Alemania y en España en donde, según tenemos conocimiento, se han desarrollado múltiples estudios constitucionales en materia tributaria que profundizan sobre este concepto a la luz del principio de capacidad contributiva (o proporcionalidad tributaria como lo denominamos en nuestro país).

Dentro de la doctrina europea, Francisco José Cañal García (“Revisión Crítica del Principio de Capacidad Contributiva y de sus distintas Formulaciones Doctrinales”, Revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 4, S.L.P., México,1996, p. 20.), señaló que “Puede haber una capacidad económica apta sólo para el sustento del sujeto pasivo y de las personas a su cargo, pero que no alcance para hacer frente a otros gastos públicos; lo cual funda la justificación del mínimo exento de imposición, para cuya cuantificación es determinante la pertenencia o no del sujeto pasivo a una familia”.

Al respecto, Marco César García Bueno (“El Principio de Capacidad Contributiva a la luz de las principales aportaciones doctrinales en Italia, España y México”, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, España, 2000) citando a Emilio Cencerrado Millán, señala que éste opina acerca del mínimo imponible lo siguiente: “Su objeto (…) permite que a determinados sujetos se les respete su capacidad económica, en tanto no sea calificada como apta para la contribución, por parte del principio de capacidad contributiva”.

Asimismo, Cencerrado Millán (“El mínimo exento en el sistema tributario español”, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 63), resalta “el requerimiento constitucional de justicia tributaria que, ante la ausencia de riqueza o ante su presencia de forma insuficiente, impide el ejercicio del poder tributario por carecer éste del elemento básico que le sirve de fundamento y, correlativamente, exime legítimamente del deber de contribuir a los titulares de aquella riqueza”.

Por otro lado, el Dr. García Bueno hace referencia al Dr. Pedro Manuel Herrera Molina (Capacidad económica y sistema fiscal. Análisis del Ordenamiento español a la luz del derecho 21 alemán, Madrid, Marcial Pons, 1998, p. 121.), quien señala que “En su opinión, en la cuantificación del mínimo exento repercuten diversos factores de hecho y de derecho: a) Por un lado, influyen circunstancias como el coste de la vida que varían no sólo a lo largo del tiempo, sino en las diversas localidades de un determinado país. b) Por otra parte, el grado de bienestar alcanzado por la sociedad incide sobre el nivel de vida que se considere mínimo para una existencia acorde a la dignidad humana. c) También representa un papel el nivel de prestaciones asistenciales que otorgue el propio Estado u otras instituciones benéficas”.

Asimismo, el Dr. Herrera Molina señala que “En definitiva el control del mínimo existencial ‘absoluto’ sólo podría realizarse con datos estadísticos que tuvieran en cuenta, al menos, los costes de vivienda y manutención”.

En términos generales, como se analizó anteriormente, dentro de la doctrina española hay un análisis importante de dicho concepto. Principio de dignidad de la persona.

En Europa, la doctrina en materia tributaria ha señalado que el mínimo de subsistencia parte de un gran derecho fundamental de las personas: la dignidad humana.

En nuestro país, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe cualquier discriminación que atente contra de la dignidad humana. Desde nuestro punto de vista, dicha norma constitucional no debe interpretarse aisladamente como una prohibición de la discriminación, sino como un derecho fundamental inspirado en el espíritu del citado artículo 1, que es el de consagrar la dignidad humana como garantía fundamental.

Por otro lado, el artículo 25 de la Constitución amplía mucho más ese derecho fundamental y lo lleva al terreno económico, pues nuestra Constitución deja en manos del Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, el pleno ejercicio de la dignidad de los individuos.

Por ello, la doctrina en materia tributaria ha señalado que la dignidad de la persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, son supuestos de interdicción de la arbitrariedad, a fin de que en materia tributaria no se extraiga una riqueza que es indispensable para lograr la plenitud de la persona en todos sus sentidos.

Así pues, el principio de dignidad de la persona consagrado como derecho fundamental, tendría como fin primordial “evitar” que el Estado extraiga de las personas físicas aquella renta necesaria para sufragar las necesidades existenciales del individuo y su familia a fin de que tengan una vida plena y digna, pues lo anterior, motivaría un desgaste económico que lesionaría gravemente el desarrollo de su vida y la de su familia al no poder satisfacer las necesidades básicas para su supervivencia, pues se han de cubrir por lo menos las necesidades de alimentación, vestido, vivienda, relaciones sociales y culturales propias de una vida mínimamente digna.

Ante esto, cobra relevancia el penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades 22 normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En el actual contexto económico, consideramos que dicho artículo es totalmente inaplicable.

Por lo tanto, si tuviera plena consagración el principio de dignidad de la persona, el principio de capacidad contributiva constituiría, ahora sí, un gran detonador en materia fiscal para las personas físicas, pues aun cuando la persona física obtenga rentas que en términos generales deben contribuir a la sufragación del gasto público, en realidad no se podría concluir que una persona tiene capacidad contributiva cuando está de por medio su subsistencia personal y familiar.

Por ello, consideramos que en aquellos casos en los cuales el legislador sin tomar en cuenta la realidad social y económica del momento creara una norma en la cual no se tomara en cuenta el principio de dignidad de la persona y a través de ella se le extrajeran las rentas necesarias para una vida digna, la norma, en nuestra opinión, sería inconstitucional. Ahora bien, si bien es cierto que nuestra Constitución no obliga al legislador a garantizar el mínimo existencial, de una interpretación armónica de diversos artículos de la misma, consideramos dicho mínimo existencial sí está imbíbito dentro de ella en materia tributaria.

En consecuencia, toman relevancia las tesis anteriormente señaladas, en virtud de que dan inicio a un debate en materia tributaria en el sentido de fijar en la actualidad, con claridad, que las personas físicas debieran primero satisfacer sus necesidades primarias, y con ello darle plena vigencia constitucional al principio de dignidad humana, en virtud del principio de coherencia entre el principio de dignidad personal y el principio de capacidad contributiva. Para ello, algunas posibilidades de configuración para consagrar el mínimo vital estarían las reducciones a la base (más amplias), reducciones en un monto más elevado, deducibilidad de ciertos gastos personales indispensables e ineludibles, incrementar el tramo cero de la tarifa, etc.

Entendemos que, en la actualidad, nuestro país requiere de más recursos para poder hacer frente al problema de la pobreza; sin embargo, a la luz de las tesis de nuestro Máximo Tribunal, consideramos factible también evaluar la importancia de que se garantice a las personas físicas una mayor superación económica, consagrando con ello, el derecho al mínimo vital.

Aspectos torales de las tesis

Las tesis anteriormente transcritas, contienen, en palabras de nuestro Máximo Tribunal

Constitucional, los siguientes aspectos que son de importancia jurídica comentar:

• Que nuestro país presupone un Estado Democrático de Derecho que requiere que los

individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan

de vida autónomo, a fin de facilitar su participación activamente en la vida democrática.

• El goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de

nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la

potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la

determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente.

• El contenido del derecho al mínimo vital, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto de dicho derecho abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

• Este derecho, busca garantizar que la persona no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean.

• En el marco de la materia fiscal, constituye una garantía fundada en la dignidad humana y como presupuesto del Estado democrático, de tal manera que los principios constitucionales que rigen el sistema tributario en nuestro país han de ser interpretados a la luz de los principios y derechos fundamentales imbíbitos en nuestra Constitución.

• La capacidad contributiva ha de apreciarse teniendo en cuenta el contexto real, debiendo precisarse que el derecho al mínimo vital exige analizar si la persona que no disponga de los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente podría ser sujeto de cargas fiscales que agraven su situación de penuria.

• Las personas físicas deben concurrir al financiamiento de las cargas públicas con arreglo a su capacidad contributiva, en la medida en la que ésta exceda un umbral mínimo que únicamente así podrá considerarse idónea para realizar en el campo económico y social recogidos en la Constitución.

• El respeto a este derecho exige que no se pueda equiparar automáticamente la capacidad en general que deriva de la obtención de cualquier recurso, con la capacidad contributiva al gasto público, pues podrían existir personas que puedan carecer de lo básico para subsistir en condiciones dignas, pues la acepción negativa del derecho al mínimo vital se erige como un límite que el Estado no puede traspasar en materia de disposición de los recursos materiales necesarios para que sus gobernados lleven una vida digna.

• La limitante constitucional se ha expresado tradicionalmente en la prohibición de impuestos confiscatorios, pero también es especialmente relevante para el caso el derecho al mínimo vital, en particular el de las personas que apenas cuentan con lo indispensable para sobrevivir, como lo son, quizá, muchos mexicanos.

• No es pretensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se defina con toda certeza ese mínimo de subsistencia que serviría de punto de partida en la imposición.

• No obstante el punto anterior, señala que debe haber un reconocimiento de un patrimonio protegido a efectos de atender las exigencias humanas más elementales, lo cual implica excluir las cantidades o conceptos que razonablemente no puedan integrarse a la mecánica del impuesto, pues dichos montos o conceptos se encuentran vinculados a la satisfacción de las necesidades básicas del titular.

La responsabilidad solidaria en la adquisición de negociaciones

Lic. Arturo Jiménez M.

Revista Puntos Finos

|ª. Quincena – Diciembre 2007 – Año VI – 140

Responsabilidad solidaria en adquisición de negociaciones La fracción IV del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación (Código), establece la responsabilidad solidaria en los casos de adquisición de negociaciones. En efecto, el actual artículo 26 en su fracción IV señala lo siguiente:

“Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma;

…”.

Como se desprende del dispositivo anterior, tal responsabilidad, recae en los adquirentes de negociaciones y comprenderá las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona.

Antecedentes históricos

Uno de los antecedentes directos de la responsabilidad solidaria en la adquisición de negociaciones regulada en el actual Código, lo encontramos en la fracción VI del artículo 14 del Código vigente hasta el 31 de diciembre de 1982. A continuación, transcribimos el texto de dicho dispositivo:

“Artículo 14. Son responsables solidariamente:

VI. Los propietarios de negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, créditos o concesiones respecto de las prestaciones fiscales que en cualquier tiempo se hubieran causado en relación con dichas negociaciones, créditos o concesiones, sin que la responsabilidad exceda del valor de los bienes.

…”.

Como se desprende del dispositivo anterior, eran responsables solidariamente los “propietarios” en relación con las negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o pesqueras, créditos o concesiones. Desde el punto de vista del derecho, es jurídicamente imposible que el mismo propietario de dichas negociaciones, fuera, al mismo tiempo, el responsable solidario de las prestaciones fiscales a favor del fisco federal; sin embargo, consideramos que el espíritu de dicha disposición debió entenderse en el sentido de que quien adquiriera una negociación sería responsable solidariamente con el anterior propietario de la misma.

Otro de los antecedentes de dicha responsabilidad lo encontramos en el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vigente en 1941 en la cual se señalaba lo siguiente:

«Artículo 40. Todos los que adquieran negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, créditos o concesiones que sean fuentes de ingresos gravados por esta ley, están obligados a cerciorarse de que las personas con quienes contratan están al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que esta ley y su reglamento les imponen y son responsables solidariamente con ellas del impuesto que hayan dejado insoluto y, en su caso, de los recargos procedentes.

Víctor Jara - Valentin Carrera

Como se desprende del texto histórico que anteriormente se transcribió, se señalaban como responsables solidarios junto con los propietarios, a quienes adquirieran negociaciones comerciales, industriales, agrícolas, créditos o concesiones que fueran fuentes gravadas por la Ley del ISR vigente en aquel ejercicio fiscal.

Una nota jurídica interesante se encuentra en el hecho de que dicha disposición normativa exigía que los adquirentes se cercioraran de que las personas con quienes se contratara la adquisición estuvieran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley citada.

Exposición de Motivos de la responsabilidad solidaria en la Ley del ISR de 1941 y en el Código Fiscal de la Federación de 1982

La Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Ley del ISR presentada el 24 de diciembre de 1941 por el Presidente Manuel Ávila Camacho y aprobada el 29 de diciembre de ese mismo año, no hacía referencia alguna a la responsabilidad solidaria en el caso de adquisición de negociaciones.

En el caso de la Exposición de Motivos de la Iniciativa de Código presentada por el Ejecutivo Federal el 14 de diciembre de 1981, en una forma muy escueta, se señaló únicamente lo siguiente:

“En materia de responsabilidad solidaria se procura señalar con mayor precisión los casos principales en que la misma se da”.

La Iniciativa anterior incluyó la fracción IV en el artículo 26 del Código, que señalaba lo siguiente y que actualmente no ha sufrido modificación alguna:

“Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma;

…”

Elementos de la responsabilidad solidaria

De acuerdo con la fracción IV del artículo 26 del Código actual, podríamos clasificar los elementos de la responsabilidad solidaria como sigue:

1. Elemento subjetivo: los adquirentes de negociaciones.

2. Elemento material: contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación.

3. Elemento temporal: que la negociación hubiera pertenecido a otra persona.

4. Elemento valorativo: el valor de la negociación.

El concepto que toma relevancia en la responsabilidad solidaria es el de “negociación”, pues es el núcleo central de la responsabilidad.

Definición del concepto “negocio”

El concepto más importante para que se dé la existencia de la responsabilidad solidaria es la adquisición de una “negociación”, por lo que a continuación analizamos el concepto a la luz de la definición gramatical y jurisdiccional, pero se iniciará con el concepto “negocio” para luego definir el concepto “empresa”.

i. Definición gramatical

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua, “negocio” significa lo siguiente (el subrayado es nuestro):

1. Ocupación, quehacer o trabajo.

2. Dependencia, pretensión, tratado o agencia.

3. Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés.

4. Acción y efecto de negociar.

5. Utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende.

6. Local en que se negocia o comercia.

Del numeral 6 anterior se desprende que, desde el punto de vista material, el negocio (o negociación) es un local en el cual se negocia o comercia algo. Esta definición es la que normalmente surge en nuestro pensamiento, pues la mayoría de las veces en nuestra mente surge la idea de un local físico.

Por otro lado, en el diccionario de internet “Wikipedia” (www.wikipedia.org), la palabra “negocio” es definida como sigue (el subrayado es nuestro):

“… un establecimiento físico o virtual en donde la gente puede adquirir bienes a cambio de dinero.”

Como puede leerse de dicha definición, también se hace referencia a algo tangible o físico, como lo hace el Diccionario de la Lengua Española.

Definición del concepto “empresa”

El Diccionario Omeba, respecto a la definición y naturaleza jurídica de la “empresa”, señala lo siguiente:

“La empresa es concebida como unidad económica y jurídica en la cual se agrupan y coordinan los factores humanos y materiales de la actividad económica, resaltando en ella la idea de la coordinación, combinándose con la producción en ’el crisol de la empresa’”.

Asimismo, el citado Diccionario señala que (el subrayado es nuestro):

“La empresa… sería… una universalidad que abarca la totalidad de los bienes que la componen, universalidad que estrictamente no es sujeto de derecho, pues debería serlo, con exclusión de cualquiera otro, su titular”.

Es interesante la definición que da el citado diccionario, considerando que desde el punto de vista jurídico la empresa es definida como una universalidad que abarca una totalidad de bienes que la “componen”, es decir, concluye que los bienes son el elemento principal de la empresa y son éstos los que la forman.

ii. Definición fiscal histórica

La Ley del ISR de 1941 definía a la negociación como sigue (el subrayado es nuestro):

 “Capítulo III.

Cédula Segunda.

Artículo 15. Están comprendidos en esta cédula los causantes que normal u ocasionalmente perciban ingresos procedentes:

XI. De arrendamiento de negociaciones comerciales, industriales o agrícolas. Se entiende por negociación comercial, industrial o agrícola un conjunto de bienes organizado en tal forma, con fines de lucro, que sólo se requiera el elemento humano para que produzca ingresos;

…”.

Además de la coincidencia de la definición anterior con las otras, en relación con el conjunto de bienes para formar la negociación o empresa, se añade un elemento adicional, que es el elemento humano (trabajo), elemento que, en conjunto con los bienes, produce los ingresos.

iii. Definición jurisdiccional

A continuación, transcribimos diversas tesis jurisdiccionales en las cuales se analiza el concepto de “negociación”.

i. Tesis jurisdiccionales que señalan que la negociación debe entenderse como un todo orgánico

Las siguientes tesis jurisdiccionales analizan el concepto de “negociación” considerándolo como un ente “orgánico” (el subrayado es nuestro). No obstante, primero transcribiremos una tesis aislada que define a la negociación mercantil a la luz de la doctrina italiana.

“Registro No. 911654. Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo III, Administrativa, P. R. SCJN. Página: 83. Tesis: 89. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa

NEGOCIACIÓN MERCANTIL, CONCEPTO DE.- La doctrina, especialmente la italiana, enseña que el concepto de negociación mercantil implica la concurrencia de los siguientes elementos: a) la persona de los colaboradores que formen parte de la hacienda, es decir, el personal que presta sus servicios de trabajo; b) las relaciones con personas que quedan fuera del organismo hacendario, tales como son los clientes, los proveedores, los usuarios, los que proporcionan crédito, etcétera; c) las cosas materiales, los bienes inmateriales y las marcas distintas; las materias primas; los productos de la elaboración industrial; el numerario; los muebles, enseres, inmuebles, patentes, nombre y marca comerciales; d) el aviamiento, que se relaciona con la utilidad de los bienes y servicios combinados.

Amparo administrativo en revisión 894/41.- Compañía Eléctrica Mexicana, S.A.-26 de agosto de 1941.- Unanimidad de cuatro votos.- Relator: Franco Carreño. Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIX, página 3057, Segunda Sala.”

De la tesis anterior se pueden derivar diversos e importantes elementos que concurren en una negociación:

1. La persona de los colaboradores que forman parte de la hacienda, es decir, el personal que presta sus servicios.

2. Las relaciones con personas que quedan fuera del organismo hacendario, tales como los clientes, los proveedores, los usuarios, los que proporcionan crédito, etcétera.

3. Las cosas materiales, los bienes inmateriales y las marcas distintas; las materias primas; los productos de la elaboración industrial; el numerario; los muebles, enseres, inmuebles, patentes, nombre y marca comerciales.

4. El aviamiento (conveniencia, interés o provecho personal), que se relaciona con la utilidad de los bienes y servicios combinados.

Consideramos que la tesis anterior aporta elementos muy importantes e interesantes para ir dilucidando el concepto de negociación o negocio, a fin de ir concluyendo cuál es el objeto de la responsabilidad solidaria.

Las tesis jurisdiccionales que analizan el concepto de negociación como un ente orgánico, se transcriben a continuación (el subrayado es nuestro):

“LEY DEL. NEGOCIACION. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta se aparta de la anterior en lo que toca al concepto de negociación, para los efectos del arrendamiento de ésta. En efecto, según la interpretación de esta Sala, para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada debía entenderse por negociación un todo orgánico, vivo y en actividad, no consta exclusivamente de los elementos materiales de local y maquinaria, sino que constitúyela, entre otros factores, el pasivo, el trabajo y sobre todo la organización como elemento esencial; y en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta se estima que no es necesaria la presencia del trabajo, que sí lo era en el concepto anterior, para la existencia de arrendamiento de una negociación.

Amparo 509/46. Sánchez viuda de Fuente María. 13 de junio de 1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro No. 326615. Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. LXXII. Página: 1938. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

NEGOCIACION MERCANTIL, CONCEPTO DE. Atento el sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la doctrina y de las ejecutorias de esta Suprema Corte, puede hacerse una síntesis del concepto de negociación comercial o industrial, diciendo que la constituye un conjunto armónico, en el que para obtener mayor provecho, se encuentran organizados y en funcionamiento, bienes materiales, bienes inmateriales, trabajo humano y relaciones con terceros.

Amparo administrativo en revisión 7896/40. «Inversiones Mexicanas», Sociedad Civil. 22 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Excusa: Manuel Bartlett B. Relator: Gabino Fraga.

Quinta Época:

Tomo LXXI, página 2728. Amparo administrativo en revisión 7870/41. Vallarta Bustos Ignacio. 20 de febrero de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gabino Fraga. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Tomo LXX, página 3058. Amparo administrativo en revisión 894/41. Compañía Eléctrica Mexicana, S.A. 26 de agosto de 1941. Unanimidad de cuatro votos. El 30 Ministro Manuel Bartlett no intervino en este asunto, por las razones que constan en el acta correspondiente. Relator: Franco Carreño.

Tomo LXVIII, página 963. Amparo administrativo en revisión 8820/39. Barberena de Guzmán Isabel. 22 de abril de 1941. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente Tomo LXVII, página 4022. Amparo administrativo directo 1527/40. Renner y Gavito Guillermo. 21 de febrero de 1941. Unanimidad de cinco votos. Relator: Franco Carreño.

Nota: En el Tomo LXVIII, página 962, esta tesis apareció bajo el rubro «NEGOCIACIONES COMERCIALES, CONCEPTO DE LAS.»; y en el Tomo LXVII, página 4022, apareció bajo el rubro «NEGOCIACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES, CONCEPTO DE LAS.».

Registro No. 326616. Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. LXXII. Página: 1937. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa

NEGOCIACION MERCANTIL, CONCEPTO DE. Toda empresa o negociación industrial constituye un conjunto armónico, viviente, de actividades económicas o bien, según los autores italianos, la organización del trabajo ajeno.

Amparo administrativo en revisión 7896/40. «Inversiones Mexicanas», Sociedad Civil. 22 de abril de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Relator: Gabino Fraga. Excusa: Manuel Bartlett B.

Quinta Época:

Tomo LXXI, página 2728. Amparo administrativo en revisión 7870/41. Vallarta Bustos Ignacio. 20 de febrero de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gabino Fraga. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Tomo LXIX, página 3057. Amparo administrativo en revisión 894/41. Compañía Eléctrica Mexicana, S.A. 26 de agosto de 1941. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Manuel Bartlett no intervino en este asunto, por las razones que constan en el acta correspondiente. Relator: Franco Carreño.

Tomo LXVIII, página 963. Amparo administrativo en revisión 8820/39. Barberena de Guzmán Isabel. 22 de abril de 1941. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente

Nota: En el Tomo LXVIII, página 963, esta tesis apareció bajo el rubro «NEGOCIACIONES COMERCIALES, CONCEPTO DE.».

NEGOCIACION MERCANTIL, DEFINICION DE. El concepto de negociación pertenece, por su naturaleza, al derecho mercantil, pero como el código no lo 31 define, hay que recurrir a la doctrina para apreciarlo, y de ésta podemos inferir que la negociación es un todo orgánico vivo y en actividad; no consta exclusivamente de los elementos materiales del local y maquinaria, sino que la constituye, entre otros factores, el pasivo, el trabajo, y sobre todo la organización como elemento esencial. Ahora bien, para saber si lo que se da en arrendamiento no es negociación mercantil, si la autoridad no dice cuál es el concepto fiscal de negociación que debe substituir al concepto mercantil, no conociéndose la aceptación fiscal de la negociación, es imposible determinar si lo es, o no, lo dado en arrendamiento, y debe aceptarse el concepto mercantil.

Amparo administrativo en revisión 1607/39. Carmona viuda de Dubois Elena. 8 de junio de 1939. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente

Precedente: LIX. Pág. 1670. Amparo administrativo en revisión 7842/38. Sánchez viuda de Fuente María. 14 de febrero de 1930. Mayoría de tres votos. Disidentes: Agustín Aguirre Garza y Alonso Aznar Mendoza. Relator: Agustín Gómez Campos.

Registro No. 808595. Localización: Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. LXIV. Página: 2358. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

NEGOCIACION MERCANTIL E INDUSTRIAL, CONCEPTO DE. Por negociación mercantil e industrial debe entenderse «un conjunto armónico en el que para obtener un mayor provecho, se encuentran organizados y en funciones bienes materiales, bienes inmateriales, trabajo humano y relaciones con terceros». Por tanto, demostrado que con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento de un edificio para espectáculos públicos, el arrendador nunca explotó ninguno de éstos, es violatoria de garantías considerarlo causante del impuesto sobre la renta, en Cédula II, en términos de la fracción XI del artículo 15 de la ley del citado impuesto.

Amparo administrativo en revisión 8171/49. Barreda de González María Ana y coagraviados. 20 de enero de 1950. Unanimidad cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett B. La publicación no menciona el nombre del ponente ”.

De las tesis que anteriormente se transcribieron, podemos identificar ciertos elementos que dan identidad a la negociación:

• Numerario.

• Créditos (cuentas por cobrar).

• Bienes muebles e inmuebles.

• Aviamiento.

• Bienes materiales e inmateriales.

• Proveedores, pasivos o relaciones con terceros.

• Trabajo.

Los bienes anteriores deben funcionar coordinada o conjuntamente entre todos, a fin de constituir, todos ellos, una negociación; sin embargo, el elemento que en nuestra opinión le da “vida” a la negociación es, principalmente, el “trabajo”.

II. Tesis jurisdiccionales que definen el concepto de negociación como un conjunto de bienes separados

En las tesis que a continuación se transcriben, se extrae la idea de que la negociación es un conjunto de bienes separados que son propiedad de una persona física (el subrayado es nuestro).

“NEGOCIACIÓN EMBARGADA Y ADJUDICADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DEBE PASAR AL ADQUIRENTE LIBRE DE GRAVÁMENES. Al disponer el artículo 187 del Código Fiscal de la Federación que los bienes dados en venta dentro del procedimiento administrativo de ejecución a que se refieren los artículos del 145 al 196 del mismo ordenamiento legal, deben pasar al adquirente libres de gravámenes, debe entenderse que en la indicada hipótesis quedan comprendidas también las negociaciones que hayan sido objeto de embargo y adjudicación dentro del citado procedimiento, toda vez que el concepto «bienes» incluye todas las cosas u objetos que pueden ser apropiados, susceptibles de prestar alguna utilidad, mismos que se clasifican en muebles e inmuebles de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 750 y 752 del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente de conformidad con el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, por lo que válidamente se puede afirmar que una negociación como entidad mercantil, que se encuentra constituida por bienes muebles e inmuebles, o solamente por unos o por otros y que ha sido objeto de embargo y de adjudicación en favor de un adquirente dentro del procedimiento administrativo de ejecución de referencia, evidentemente queda comprendida en el concepto «bienes» a que se refiere el citado artículo 187 del propio código, y por ello, debe pasar al adquirente libre de gravámenes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO. Revisión fiscal 464/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otra. 14 de enero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.

Registro No. 200952. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Noviembre de 1996. Página: 469. Tesis: VI.2o.68 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

NOTIFICACION DE ACTO ADMINISTRATIVO, ES LEGAL CUANDO SE REALIZA A UNO DE LOS COPROPIETARIOS DE LA NEGOCIACION A QUIEN SE DIRIGE LA. De la interpretación del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se deduce que tratándose de establecimientos o negociaciones respecto de los cuales exista copropiedad, fungirá como representante común de los condueños uno de los mismos, a quien corresponde cumplir por cuenta de los 33 otros las obligaciones fiscales previstas en el artículo 112, fracciones II a VII, del ordenamiento legal citado; por tanto, si consta en el juicio de nulidad que el requerimiento de la información fiscal solicitada por la autoridad hacendaria, se notificó a uno de los copropietarios de una negociación de las características mencionadas, es evidente que no se causa indefensión al resto de los copropietarios, pues no se infringe la disposición legal citada, máxime si el copropietario con quien se entendió la notificación ha sido autorizado por los diversos copropietarios para realizar los trámites relativos al cumplimiento de obligaciones fiscales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 531/96. Othón Rafael Gil Morales y otros. 16 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Registro No. 204062. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. II, Octubre de 1995. Página: 579. Tesis: VI.3o.10 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.

NEGOCIACION MERCANTIL DEMANDADA EN JUICIO LABORAL. LEGITIMACION DE QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA. La legitimación ad procesum (personalidad) exclusivamente debe examinarse en aquellos casos en que una persona sea física o moral, comparece a juicio en representación de otra. Esto significa, que cuando se demanda a una negociación, cuyo propietario es una persona física, no existe problema de personalidad que deba ser materia de análisis, pues lo que debe examinarse es si quien comparece a juicio está legitimado pasivamente en la causa. Esto último acontecerá si la persona física que compareció ante la Junta demuestra con documentos idóneos ser la dueña de la negociación demandada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 346/95. Taller de Talavera El Sol y otro. 7 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Rosalba García Ramos.”

De las tesis anteriormente transcritas, se desprenden también diversos elementos importantes que son:

1. La negociación como un bien.

2. Que puede haber copropiedad, y ésta sólo puede recaer en bienes.

3. Que una persona puede ser propietaria, quien sólo puede ser dueña de bienes.

Como puede concluirse de las tesis anteriormente transcritas, se entiende a la negociación como un conjunto de bienes separados que pueden ser propiedad de una persona física.

Derecho Comparado

Dentro del derecho comparado, es interesante analizar algunas de las disposiciones fiscales de los países que a continuación se señalan, a fin de entender un poco sobre la regulación de la responsabilidad solidaria.

Ley General Tributaria de España

Ley General Tributaria - CursosMasters.com

El artículo 42 de la Ley General Tributaria de España señala lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“Artículo 42. Responsables solidarios.

1. Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

c) Las que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar. Cuando resulte de aplicación lo previsto en el apartado 2 del artículo 175 de esta ley, la responsabilidad establecida en este párrafo se limitará de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo. Cuando no se haya solicitado dicho certificado, la responsabilidad alcanzará también a las sanciones impuestas o que puedan imponerse.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los adquirentes de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad.

La responsabilidad a que se refiere el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los supuestos de sucesión por causa de muerte, que se regirán por lo establecido en el artículo 39 de esta ley.

Lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra no será aplicable a los adquirentes de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal”.

Uno de los aspectos interesantes que se contienen en el artículo anterior, es la posibilidad de evitar la responsabilidad solidaria en los casos en los que adquieran elementos aislados de una negociación.

Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires

El artículo 18 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, en su parte más importante, señala lo siguiente (el subrayado es nuestro): 35

“ARTICULO 18°.- Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas:

Los que administren…

I. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.

II. Los que participen por sus funciones públicas….

III. Los agentes de recaudación,…

IV. Los síndicos y liquidadores… .”

Un aspecto interesante de dicho dispositivo es que incluye a entidades y empresas con o sin personalidad jurídica.

Código Tributario de Chile

En el caso de Chile, el artículo 71 de su Código Tributario, se señala lo siguiente (el subrayado es nuestro)

“ARTICULO 71.- Cuando una persona natural o jurídica cese en sus actividades por venta, cesión o traspaso a otra de sus bienes, negocios o industrias, la persona adquirente tendrá el carácter de fiador respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo adquirido que afecten al vendedor o cedente. Para gozar del beneficio de excusión dentro del juicio ejecutivo de cobro de los respectivos impuestos, el adquirente, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 2.358º y 2.359º del Código Civil.

La citación, liquidación, giro y demás actuaciones administrativas correspondientes a los impuestos aludidos en el inciso anterior, deberán notificarse en todo caso al vendedor o cedente y al adquirente.”

En el dispositivo en comento, se establece que en el caso de venta, cesión o traspaso a otra persona, la adquirente tendrá el carácter de fiador respecto de las obligaciones tributarias correspondientes a lo adquirido que afecten al vendedor o cedente.

Código Tributario de Uruguay

En tratándose del Código Tributario de Uruguay, en su artículo 22 se establece lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“Artículo 22. (Solidaridad de los sucesores).- Los adquirentes de casas de comercio y demás sucesores en el activo v pasivo de empresas en general, serán solidariamente responsables de las obligaciones tributarias de sus antecesores; esta responsabilidad se limita al valor de los bienes que se reciban, salvo que los sucesores hubieran actuado con dolo.

La responsabilidad cesará al año a partir de la fecha en que la oficina recaudadora tuvo conocimiento de la transferencia”. Como en todos los ordenamientos fiscales anteriores, en el caso de Uruguay, también se establece la responsabilidad solidaria en los casos de los adquirentes de casas de comercio y demás sucesores en el activo y el pasivo de empresas en general, responsabilidad que se tendrá con respecto a sus antecesores, limitándola al valor de los bienes. Código Tributario de Venezuela El artículo 29 del Código Tributario de Venezuela, señala lo siguiente (el subrayado es nuestro): “Artículo 29.- Son responsables solidarios los adquirentes de fondos de comercio, así como los adquirentes del activo y del pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. La responsabilidad establecida en este artículo estará limitada al valor de los bienes que se adquieran, a menos que el adquirente hubiere actuado con dolo o culpa grave. Durante el lapso de un (1) año contado a partir de comunicada la operación a la Administración Tributaria respectiva, ésta podrá requerir el pago de las cantidades por concepto de tributos, multas y accesorios determinados, o solicitar la constitución de garantías respecto de las cantidades en proceso de fiscalización y determinación”.

Al igual que en los anteriores ordenamientos, se establece la misma responsabilidad; un aspecto interesante es que en este ordenamiento se limita la responsabilidad también al valor de los bienes que se adquieran, a menos que el adquirente hubiera actuado con dolo o culpa grave.

Asimismo, se establece un plazo para que la Administración Tributaria cobre los créditos fiscales correspondientes.

Código Tributario de Perú

Por último, en el Código Tributario de Perú, se establece lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“Artículo 17º.- RESPONSABLES SOLIDARIOS EN CALIDAD DE ADQUIRENTES Son responsables solidarios en calidad de adquirentes:

1. …;

2. …;

3. Los adquirentes del activo y pasivo de empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. En los casos de fusión y escisión de sociedades a que se refiere la Ley General de Sociedades surgirá responsabilidad solidaria cuando se adquiere el activo y/o el pasivo.”

La responsabilidad cesará:

a) Tratándose de herederos y demás adquirentes a título universal, al vencimiento del plazo de prescripción. Se entienden comprendidos dentro del párrafo anterior quienes adquieran activos o pasivos como consecuencia de la fusión o escisión de sociedades de acuerdo a la Ley General de Sociedades.

b) Tratándose de los otros adquirentes cesará a los 2 años de efectuada la transferencia, si fue comunicada a la Administración Tributaria dentro del plazo que señale ésta.”

Al igual, se establece dicha responsabilidad para adquirentes de activo y pasivo de empresas o entes colectivos.

Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT, 1997)

En el caso del Modelo de Código Tributario del CIAT, en el artículo 25 se señala lo siguiente (el subrayado es nuestro):

“Artículo 25. Responsabilidad solidaria por sucesión. Son responsables solidarios en calidad de sucesores a título particular:

  1. Los donatarios y los legatarios por el tributo correspondiente a la operación gravada;

2) Los adquirentes de fondos de comercio y demás sucesores en el activo y pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella. A estos efectos se consideran sucesores a los socios y accionistas de las sociedades liquidadas.”

Como puede observarse, en el numeral 2) se establece la responsabilidad solidaria en los casos en los que se adquieran fondos de comercio y a quienes sean además sucesores en el activo y pasivo de empresas o entes colectivos con personalidad jurídica o sin ella.

El término negociación como concepto jurídico indeterminado o flexible

TOP 6] Técnicas de negociación con clientes

Desde nuestro punto de vista, en concepto “negociación” (o “negociaciones”) es un “concepto jurídico indeterminado”. Al respecto, nuestros tribunales jurisdiccionales federales han señalado lo siguiente en cuanto a los conceptos jurídicos indeterminados (el subrayado es nuestro):

“Registro No. 172068. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXVI, Julio de 2007. Página: 2472. Tesis: I.4o.A.594 A. Tesis Aislada. Materia(s): Administrativa.

CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS O FLEXIBLES. LA FALTA DE UNA DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR PARA VALORARLOS Y FIJAR SU ALCANCE Y SENTIDO ES UN HECHO QUE PUEDE SUBSANARSE AL MOMENTO DE APLICARLOS SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PUEDA DICTAR SUS RESOLUCIONES EN FORMA ARBITRARIA. Los conceptos jurídicos indeterminados o flexibles aunque en apariencia carecen de una definición concreta, son peculiares en las leyes que, al ser generales, impersonales y abstractas, tienen que incluir términos universales ante la imposibilidad de un casuismo riguroso. Por tanto, la compleja indeterminación de tales enunciados ha de ser dotada de contenido concreto mediante la aplicación, correlación, calificación y ponderación de los hechos o circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice su valoración, y que puedan resultar congruentes con su expresión genérica. Así, esa definición en abstracto, de conceptos laxos o inciertos (precio justo, justicia, autonomía) cuyo contenido puede ser científico, tecnológico, axiológico, económico, político, sociológico o perteneciente a otras disciplinas a las que es menester acudir, adquiere un significado específico, preciso y concreto en presencia de las circunstancias definidas en cada caso particular; esto es, al ser contextualizadas con los hechos del caso, es posible verificar si se obtienen o no los objetivos y fines que deben alcanzar y derivar las consecuencias respectivas, que tomando en cuenta los intereses en conflicto permitan encontrar una solución concreta y práctica, por lo que la aparente vaguedad por falta de una descripción pormenorizada que no detalla los citados medios para una predeterminación a priori del alcance, sentido o contenido limitativo del concepto, es un hecho que puede subsanarse al momento de ser aplicado y no implica dejar en manos de la autoridad la facultad de dictar arbitrariamente la resolución correspondiente, pues el ejercicio de la función administrativa está sometido al control de las garantías de fundamentación y motivación tanto en los casos de las facultades regladas como en el de aquellas donde ha de hacerse uso del arbitrio o la discreción, explicitando mediante un procedimiento argumentativo por qué los hechos o circunstancias particulares encuadran en la hipótesis normativa que, entonces sí, resulta concretada al momento de subsumir los acontecimientos y motivar de esa manera la decisión, evitando visos de arbitrariedad. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 46/2007. Rebeca Antonieta Hernández Registro No. 177342. Localización: Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Septiembre de 2005. Página: 1431. Tesis: I.4o.A.59 K. Tesis Aislada. Materia(s): Común. CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. LA FORMA DE ACTUALIZARLOS AL CASO CONCRETO EXIGE UN PROCESO ARGUMENTATIVO QUE DEBE REDUCIR LA DISCRECIONALIDAD Y LAS APRECIACIONES SUBJETIVAS, ELIMINANDO LA ARBITRARIEDAD. Definir un concepto jurídico indeterminado puede ser complejo y requerir de una especial valoración, sobre todo cuando el lenguaje empleado en su redacción implique conceptos científicos, tecnológicos, axiológicos, económicos, políticos, sociológicos o de otras disciplinas, pues de suyo requiere acudir a ellas. Frente a tal caso es menester acudir a valores, principios e intereses que resulten compatibles con el fin de los actos administrativos para esclarecer el contenido y alcance de dichos conceptos. Por tanto, la subsunción puede ser discutible y opinable e implica estar en zonas de incertidumbre decisoria o probabilidad que necesariamente conducen a una discrecionalidad cognitiva o de juicio. Sin embargo, tener que sortear tales imprecisiones y vaguedad en la apreciación intelectiva y cognoscitiva no es en realidad un caso de discrecionalidad ni de apreciaciones subjetivas. Efectivamente, al tenor de la intelección de los fines de la norma, aunado a la estimación de valores, políticas, principios e intereses en conflicto, todo ello situado en su contexto e interactuando, se obtiene que la autoridad debe encontrar una solución o respuesta en el caso concreto. Para completar la idea conviene distinguir que los conceptos jurídicos indeterminados pueden ser: a) Conceptos de experiencia que consisten en apreciar hechos; la competencia del Juez es ilimitada y b) Conceptos de valor donde además de apreciar los hechos, se implican juicios de valor que pueden ser técnicos, por ejemplo, impacto ambiental, interés público, utilidad pública. Ello exige un proceso argumentativo en el que entran en juego valoraciones político-morales vigentes en el medio social pues sólo así es posible adscribir un significado a los conceptos indeterminados frente a la situación prevaleciente, de suerte que la autoridad debe motivar cómo es que valoró y connotó, hecho y derecho, ya que a pesar de las apariencias se trata de un esquema condicional en el que se debe aplicar la regla a través de la subsunción y asignación de las consecuencias que el fin de la norma exige atender -intención y propósito del sistema normativo-. Así pues, la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados reduce la discrecionalidad administrativa, eliminando la arbitrariedad de todo aquello que deba ser juzgado en términos de legalidad o justicia, pues la interpretación del concepto no necesariamente deriva del texto de la disposición que lo establece, sino del sentido contextual del ordenamiento.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Revisión fiscal 49/2005. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad 40 demandada. 13 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.”

De acuerdo con las tesis anteriores y en las propias palabras de los Tribunales Colegiados, es importante resaltar las siguientes características de los conceptos jurídicos indeterminados o flexibles:

1. Su compleja indeterminación ha de ser dotada de contenido concreto mediante la aplicación, correlación, calificación y ponderación de los hechos o circunstancias específicas de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice su valoración, y que puedan resultar congruentes con su expresión genérica.

2. Los conceptos laxos o inciertos adquieren un significado específico, preciso y concreto en presencia de las circunstancias definidas en cada caso particular.

3. Al ser contextualizados conjuntamente con los hechos del caso, se puede verificar si se obtienen o no los objetivos y fines que deben alcanzar y derivar las consecuencias respectivas, a fin de encontrar una solución concreta y práctica.

4. Cuando el lenguaje empleado en su redacción implique conceptos científicos, tecnológicos, axiológicos, económicos, políticos, sociológicos o de otras disciplinas, es necesario acudir a valores, principios e intereses que resulten compatibles con el fin de los actos administrativos para esclarecer el contenido y alcance de dichos conceptos.

5. Que los conceptos jurídicos indeterminados pueden ser:

a) Conceptos de experiencia que consisten en apreciar hechos y,

b) Conceptos de valor, donde además de apreciar los hechos, se implican juicios de valor que pueden ser técnicos.

6. La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados reduce la discrecionalidad administrativa, eliminando la arbitrariedad de aquello que deba ser juzgado en los términos de los principios constitucionales de legalidad o de justicia, pues la interpretación del concepto no necesariamente deriva del texto de la disposición que lo establece, sino del sentido contextual del ordenamiento.

Teoría general de los conceptos jurídicos indeterminados

En cuanto a la teoría general de dichos conceptos, es la doctrina de origen alemán la que inició su análisis y a estos conceptos también les llamó “conceptos flexibles”. Dicha doctrina distingue claramente entre la discrecionalidad y los conceptos jurídicos indeterminados.

La doctrina española sostiene que cuando se utiliza un concepto jurídico indeterminado, normalmente se hace referencia a aquellos conceptos existentes en las leyes, las cuales por ser abstractas, universales y generales, tienen que incluir términos universales ante la imposibilidad de un casuismo, por ejemplo, ingreso, valor de mercado, utilidad pública, precio justo, buena fe, etc.

Dicha teoría señala que un concepto jurídico indeterminado no depende de una voluntad discrecional sino de una interpretación de la ley; tampoco es una elección entre alternativas igualmente justas, ya que sólo admite una solución justa.

Por lo tanto, al hablar de conceptos jurídicos indeterminados se hace referencia a una unidad de solución, en oposición a la facultad discrecional que admite pluralidad de soluciones.

La teoría de los conceptos jurídicos indeterminados sostiene la tesis de que ”…la utilización de tales conceptos por una norma no significa, por sí sola, la atribución de la facultad de elegir discrecionalmente entre varias soluciones “posibles” aquella que en cada caso se considere conveniente u oportuna; …, por el contrario, mantiene que la interpretación y aplicación de todo concepto jurídico, cualquiera que sea su grado de indeterminación, no admite, si la norma no dispone otra cosa, más que una solución correcta y que, por tanto, la corrección de la decisión que se tome puede ser controlada judicialmente sin que tal control implique una mera sustitución de criterios, sino el resultado de la búsqueda de la solución justa.” (Fernando Sáinz Moreno “Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa”, Primera Edición, Civitas 1976, Madrid).

La teoría general señala que en la estructura de todo concepto jurídico indeterminado es identificable:

a. Un núcleo o zona de certeza configurado por datos previos y seguros, y

b. Una zona intermedia o de incertidumbre o halo del concepto más o menos impreciso.

De acuerdo con los elementos anteriores, la dificultad de precisar la solución justa se concreta en la zona de imprecisión o el “halo del concepto”.

La determinación de un concepto jurídico indeterminado se lleva a cabo precisando el núcleo y el halo del concepto: el núcleo es el elemento cierto y el halo, tiene una serie de notas que permiten encontrar que no existe esa certeza, es una zona de duda.

Se ha considerado que un concepto jurídico indeterminado tiene un contenido valorativo cuando se refiere a la buena fe, obra de arte, buenas costumbres, o un supuesto de hecho cuando se remite a datos de la experiencia, tales como usos del tráfico, cosa accesoria, edificio, obra, construcción, etc.

Un ejemplo podría clarificar lo anterior: supongamos la declaración del interés histórico de un inmueble. Tal declaración es susceptible de ocasionar tres opciones distintas:

a) Una opción positiva al no dudarse sobre el interés histórico del inmueble (a esto se le denomina zona de certeza positiva);

b) Una opción negativa, ante la seguridad de la falta de interés histórico de éste (denominada zona de certeza negativa); y

c) Una zona de penumbra que se ubica entre ambas, en cuanto existen razonables dudas sobre si el edificio reviste o no un interés histórico (a la que se le ha denominado halo o zona de duda).

Como se señaló anteriormente, a las hipótesis a) y b) se les denomina respectivamente zona de certeza positiva y negativa; mientras que a la hipótesis c) «halo del concepto» o «zona de dudas».

En esta última, es en donde se coloca el ámbito de imprecisión o indeterminación que es menester clarificar al momento de su concreción práctica a través de la interpretación jurídica.

Otro ejemplo de este tipo de expresiones se encontraría en el caso de que en alguna ley administrativa se señalara que, en todos los casos, la Administración Pública adjudicará el contrato al proponente que hubiere presentado la oferta “más conveniente” a los intereses nacionales e institucionales.

Cuando el legislador hace referencia a la oferta “más conveniente”, no está dejando en libertad al órgano para que con una calificación subjetiva adopte una decisión de entre varias opciones posibles y legítimas, pues en este caso, no puede haber más de una oferta más conveniente a los intereses nacionales e institucionales.

Si se permitiera al órgano administrativo decidir la adjudicación de entre las ofertas más convenientes (posibles y legítimas) a los intereses nacionales e institucionales, estaríamos frente a la potestad discrecional típica y frente a la cual prevalecería la garantía de la debida fundamentación y motivación.

En el caso del concepto jurídico indeterminado “negociación”, consideramos que el núcleo del concepto está contenido en la misma palabra “negocio”, la cual es un concepto real, que allí está, que existe en el ámbito mercantil.

Sin embargo, el halo del concepto, o zona de duda surge cuando se tiene que decidir si por “negociación” nos debemos referir sólo al ente mercantil que no está dotado de personalidad jurídica, es decir, si es únicamente aquél “lugar físico en donde se llevan a cabo actividades empresariales utilizando un conjunto de bienes y el trabajo” o si se refiere a cualquier forma en la cual se llevan a cabo actividades empresariales a través ya sea de una sociedad mercantil, de un negocio físico en sí o mediante segmentos patrimoniales del negocio físico.

Para ello, es importante referirnos a las formas de adquisición de negociaciones.

Formas de adquisición de negociaciones

La fracción IV del artículo 26 del Código, señala que son responsables solidarios los “adquirentes” de negociaciones. Por lo tanto, la pregunta obligada sería: ¿bajo qué formas se pueden adquirir las negociaciones?

En cuanto a las formas o vías de adquisición de las negociaciones podríamos señalar las siguientes:

a) Adquisición de componentes patrimoniales, es decir, adquisición de la totalidad de los inventarios, créditos, activos fijos, trabajadores, etc. de la negociación mercantil o persona moral.

b) Por la vía de compra de acciones de la persona moral.

Tomando en cuenta lo anterior, consideramos que en cualquiera de las formas o vías de adquisición anteriores recaería la responsabilidad solidaria. Consideramos que esta sería la solución justa bajo la ley fiscal.

En efecto, a lo que queremos llegar, es que se adquiriría una negociación cuando se adquirieran los activos tangibles y humanos, todos o parte de éstos; pero un problema que surgiría se daría cuando el adquirente comprara sólo una pequeña parte de los activos de cualquier entidad. En este caso, una solución que lamentablemente no se encuentra en nuestro ordenamiento fiscal, sería que si con los activos que se adquirieron no se puede continuar con la actividad que tenía la anterior negociación, entonces no habría adquisición de la negociación y por consiguiente no habría responsabilidad solidaria.

Análisis de la responsabilidad solidaria en la adquisición de negociaciones

Un comentario a priori e interesante dentro de la doctrina de nuestro país en cuanto a la responsabilidad solidaria en materia fiscal es el que hace el Dr. Miguel de Jesús Alvarado Esquivel (“La Responsabilidad Solidaria en Materia Fiscal”, Editorial Porrúa), quien señala que en la normativa comentada, se incluye la preposición “con” y que el legislador quiere decir que el responsable es un sujeto diverso del contribuyente, ya que dicha preposición significa “juntamente y en compañía”, lo que da la idea de que hay un sujeto que acompaña a otro distinto.

Asimismo, señala que la responsabilidad solidaria queda articulada como una figura que pretende agregar otros deudores con el objeto de garantizar y reforzar el cumplimiento de la obligación tributaria.

A través del análisis anterior en cuanto a lo que debe entenderse por “negociación” – pues es el tema central de la responsabilidad solidaria –, consideramos que por “negociación”, como lo comentamos anteriormente, debe entenderse tanto a la persona moral (sociedad mercantil), como al conjunto de bienes segmentados que forman el patrimonio de dicha persona moral, como al ente económico sin personalidad jurídica conformado por la universalidad de bienes.

En efecto, haciendo una interpretación sistemática se puede llegar también a tal conclusión, considerando los siguientes artículos del Código de Comercio (el subrayado es nuestro):

“Artículo 36.- En el libro o los libros de actas se harán constar todos los acuerdos relativos a la marcha del negocio que tomen las asambleas o juntas de socios, y en su caso, los consejos de administración”.

“Artículo 291.- El comisionista deberá observar lo establecido en las leyes y reglamentos respecto a la negociación que se le hubiere confiado, y será 44 responsable de los resultados de su contravención u omisión. Si los contraviniere en virtud de órdenes expresas del comitente, las responsabilidades a que haya lugar pesarán sobre ambos”.

De conformidad con lo anterior, consideramos que al concepto “negociación” utilizado por el legislador en el Código, debe dársele una connotación muy amplia y no restringirlo únicamente a los componentes que conforman un negocio o al negocio como ente sin personalidad jurídica.

En efecto, el legislador, desde el punto de vista práctico, está subsumiendo dentro del dicho concepto, la realidad práctica mercantil de lo que es una actividad empresarial, pues de otra manera, al restringirse el concepto, quedaría fuera del mismo la adquisición de sociedades mercantiles, situación que sería contraria a lo establecido en el artículo 36 anteriormente citado.

Por lo anterior, desde nuestro punto de vista, un “adquirente de negociaciones” sería cualquier persona física o moral que adquiriera una sociedad mercantil o los elementos patrimoniales de una sociedad mercantil o los de un negocio físico.

Ahora bien, ¿cuál sería la consecuencia jurídica cuando se adquirieran sólo los elementos patrimoniales de una negociación?, es decir, ¿qué bienes se tendrían que adquirir para concluir que se está adquiriendo una negociación?: esto es algo que tiene que valorarse. Pero tomando en cuenta lo anterior, si se adquirieran bienes muebles o inmuebles y se hiciera una sustitución patronal, no cabe duda de que se adquiere una negociación a la luz de la doctrina y las tesis jurisdiccionales que se analizaron anteriormente.

Habiendo concluido con la parte referente al concepto de negociación y prosiguiendo con el análisis, la responsabilidad solidaria surge sólo respecto de: a) las contribuciones que se hubieran causado en relación a, b) las actividades realizadas en la negociación.

De lo anterior, surgen los siguientes cuestionamientos:

1. Al mencionarse a “las contribuciones causadas”, se están señalando todas las contribuciones causadas y no a las adeudadas.

En nuestra opinión, el presupuesto jurídico para que se dé el nacimiento de la responsabilidad debiera ser la supuesta omisión del pago de las contribuciones, por lo que se estaría quebrantando el principio de seguridad jurídica al no aclararse que las contribuciones por las que hay responsabilidad solidaria son únicamente por aquéllas adeudadas.

2. Por otro lado, se hace mención a las actividades “realizadas en la negociación”.

A través de dicha redacción, no queda claro qué actividades se pueden llevar a cabo EN la negociación. Quizá debió decirse las actividades realizadas POR la negociación.

Por lo tanto, se crea una incertidumbre jurídica en virtud de que no queda claro qué tipo de actividades tienen que llevarse a cabo para concluir que se están realizando EN una negociación. Lo anterior, en virtud de que las contribuciones se causan POR llevar a cabo diversas actividades y no por llevarlas a cabo EN cierto lugar.

3. Asimismo, se establece que la responsabilidad no debe exceder el “valor de la negociación”.

En estricto sentido, en nuestra opinión, la responsabilidad del pago de las contribuciones no debiera exceder del valor de los “bienes adquiridos” no del valor de la negociación, pues podría darse el caso de que se adquirieran los bienes de una negociación por $100, que las contribuciones adeudadas por la negociación sean por $200 y que la negociación tuviera un valor de $300.

Al igual, en relación con lo anterior, ¿cuál sería el valor que se le tiene que dar a la negociación: el histórico, el de mercado, el de avalúo? En fin, volveríamos a caer en otro u otros conceptos jurídicos indeterminados.

Por último, los aspectos que debieran incluirse para brindar mayor seguridad jurídica a esta figura son:

1. Regular la adquisición de elementos aislados del patrimonio de una negociación.

2. Regular las implicaciones cuando se adquieren pasivos de una negociación conjuntamente con los activos.

3. Que el monto de la responsabilidad solidaria se limite al valor de los bienes adquiridos.

4. Que se haga referencia a las contribuciones adeudadas no a las causadas.

5. Se limite temporalmente la responsabilidad solidaria para el adquirente de las negociaciones.

6. Aclarar si deben incluirse los accesorios de las contribuciones.

7. Incluir el beneficio de excusión en el procedimiento administrativo de cobro.


Lic. Arturo Jiménez M.
Revista Puntos Finos
2ª. Quincena – Septiembre 2007 – Año VI – 135

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