CUANDO EL SAT SE EXCEDE EN SUS FACULTADES.

En esta ocasión, trataremos sobre las actuaciones de las autoridades en materia fiscal, en este caso cuando en aras de fiscalizar a los contribuyentes, se ejercen las facultades de comprobación en modalidad de revisión de gabinete.
Es un requisito indispensable, que los actos de autoridad deben de cumplir con lo establecido en el artículo 16 Constitucional, el cual señala lo siguiente:

Resultado de imagen de hogar“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.”

Importante considerar, que la afectación o molestia a nuestros papeles (contabilidad) es solo si, existe un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En este caso, por disposición del propio artículo 16 Constitucional, en su antepenúltimo párrafo, establece la facultad que otorga a las autoridades administrativas, entre ellas, la de efectuar visitas domiciliarias a los ciudadanos o contribuyentes, para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones que tienen inherentes, de acuerdo al giro comercial y régimen fiscal, es así como le permite efectuar estos procedimientos:Resultado de imagen de tocar puerta
“La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.”
Ahora bien, específicamente las reglas que establecen las modalidades y requisitos que deben de cumplir los actos de fiscalización por la autoridad fiscal, los encontramos en el Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 38, 42 y 48; el primero de ellos establece los requisitos que deben colmar los actos de autoridad fiscal, el segundo, las diversas modalidades y facultades que tiene la autoridad fiscal para revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y por ultimo el artículo 48, contiene las reglas para llevar las revisiones de gabinete.

En ese tenor, la autoridad fiscal estará obligada en actuar, dentro de los límites establecidas tanto en la Constitución, como en el Código Fiscal de la Federación.
Entraremos en los detalles prácticos, que nos dieron la razón en el Juicio Contencioso Administrativo Federal No. 2625/19-13-01-1; contextualizando, que la autoridad fiscal (parte demandada) inicio sus facultades de comprobación en modalidad de revisión de gabinete, en el momento que se efectuó la notificación del oficio que contiene el requerimiento de documentación e información, en ese oficio se efectuaron requerimientos de datos que el contribuyente (parte actora en el juicio) no tenía la obligación de efectuar, sin precisar el fundamento legal que le permitiera a la autoridad fiscal, hacerlo en los términos que lo hizo.

En efecto, la facultad de la autoridad fiscalizadora, consistente en requerir a un contribuyente información y documentación, se limita a la precisión del registro contable respectivo (como balanza de comprobación, libro diario y mayor o pólizas de cheques, etc.) pero no así a solicitar que dichos registros, deba de presentarlos con datos o características o incluso solicitar información y documentación que legalmente no se esté obligado a llevar.

Resultado de imagen de documentosEn ese sentido, el oficio con el que se inició el procedimiento de fiscalización, en modalidad de requerimiento de documentación e información (revisión de gabinete) contiene una descripción de la documentación e información que la autoridad fiscal precisa conocer, pero también requiere que la misma cumpla con datos o características que el contribuyente no está obligado a efectuar, es ahí cuando en este detalle se detecta la actuación ilegal de la autoridad fiscal, lo cual acontece en el inicio del procedimiento de fiscalización, y eso es ya una actuación fuera de los límites que establecen el artículo 16 Constitucional y el 38 fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.
Para ejemplificar, citaremos parte del oficio DAF-C-0550/2017 de 27 de febrero de 2017, en donde se le requirió al contribuyente revisado lo siguiente:

• Papeles de trabajo que sirvieron de base para la determinación del flujo de efectivo para efectos del Impuesto al Valor Agregado, del valor neto de los actos o actividades, deducciones e Impuesto al Valor Agregado Acreditable, manifestando la fecha de cobro y pago.
• Papeles de trabajo de las depreciaciones fiscales y contables, aplicadas en el ejercicio del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, en donde se integre descripción del bien, fecha de adquisición, monto original de la inversión, porcentaje de depreciación, depreciación acumulada, factor de actualización y depreciación anual, así como su reporte documental.

Como se aprecia, la autoridad demandada le requirió a la actora, exhibir diversa documentación con determinadas características o especificaciones, pues al requerir los papeles de trabajo indicó que éstos deberían contener descripción del bien, fecha de adquisición, monto original de la inversión, porcentaje de depreciación, depreciación acumulada, factor de actualización, depreciación anual, fecha de cobro y pago, factor de actualización, depreciación anual, fecha de cobro y pago, información anterior que requirió en el oficio con el que inició la revisión, sin que se citara el precepto legal que la facultara para efectuarlo precisamente en los términos en que lo hizo, por lo que es evidente que la demandada actuó sin contar con atribuciones legalmente establecidas.

Detectada la ilegalidad, en el escrito de demanda se hizo valer o se argumentó específicamente que, la autoridad al emitir la solicitud o requerimiento de información y documentación DAF-C-0550/2017 de 27 de febrero de 2017, con el cual inició el procedimiento de fiscalización, no fundó ni motivó debidamente su competencia para requerir información y documentación con datos precisos y específicos, lo cual es ilegal de conformidad con lo establecido en los artículos 42, fracción II, y 48, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación.
La Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Veracruz para apoyar su decisión, determinó aplicar la Jurisprudencia VII-J-SS-84 sustentada por el Pleno de ese Tribunal, la cual resulta de observancia obligatoria en términos del artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y es del tenor siguiente:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

VII-J-SS-84
REVISIÓN DE GABINETE. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA ORDEN QUE LA CONTIENE.- De una interpretación conjunta, sistemática y armónica de los artículos 28 del Código Fiscal de la Federación, 26, 27 y 29 de su Reglamento vigente hasta el 7 de diciembre de 2009, actualmente 29, 30, 31 y 32 del referido Reglamento en vigor a partir del 8 siguiente, en relación con el diverso 42, fracción II del primer ordenamiento citado, se puede determinar que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, se encuentran compelidos a tener registros contables, cuentas especiales y sistemas que mejor se adapten a su objeto social, esto es, a las actividades que realicen; debiendo reunir entre otras características, el que sean analíticos, descriptivos y cronológicos de todas las operaciones, actos o actividades, y en el caso que se trate de los libros de diario y mayor, estar debidamente encuadernados, empastados y foliados; así que, la facultad de la autoridad para requerir información y documentación del contribuyente, se constriñe a la precisión, en su caso, del registro contable correspondiente, pero no de los datos que el mismo deba contener, dado que cualquier irregularidad relacionada con la obligación de llevar la contabilidad observada por la fiscalizadora y que encuadre en las hipótesis establecidas en el artículo 83 del Código Fiscal citado, son consideradas como infracción y, por tanto, sujetas a la imposición de las sanciones reguladas por el artículo 84 del mismo ordenamiento. Por tanto, resulta indebidamente fundada y motivada aquella orden en la que la autoridad exija documentos con los datos que no está legalmente autorizada a requerir.

Contradicción de Sentencias Núm. 328/12-16-01-7/YOTRO/440/13-PL-10-01.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 26 de junio de 2013, por mayoría de 8 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Carlos Mena Adame.- Secretaria: Lic. Rosa Guadalupe Olivares Castilla.

En efecto, en el ejercicio de sus facultades de comprobación la autoridad demandada, sólo está legalmente facultada para requerir la información y documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, pero no implica que tenga atribuciones para indicar a la actora la manera de cómo debe presentarse y los requisitos con lo que tiene que contar.
En ese orden de ideas, es claro que la resolución impugnada contenida en el oficio DGF/VDyRG/RE3/1849/LIQ/2019 de 19 de junio de 2019, se encuentre viciada desde su origen, por lo que la misma debe quedar sin efectos lisa y llanamente, pues constituye el fruto de un acto viciado desde el oficio con el cual inicio el procedimiento de fiscalización (DAF-C-0550/2017 de 27 de febrero de 2017) cuya ilegalidad quedó de manifiesto en los párrafos que preceden.
De conformidad con lo expuesto, la resolución impugnada DGF/VDyRG/RE3/1849/LIQ/2019 de 19 de junio de 2019, contiene un vicio de legalidad en términos del artículo 51, fracción I, por lo que debe declararse su nulidad, conforme lo previsto en el diverso 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la incompetencia de la autoridad que ordenó el procedimiento del que deriva la misma.
Por consecuencia la sentencia que se emitió en el presente asunto, ante el cumulo de ilegalidades comprobadas, fue la de nulidad del crédito fiscal, considerando que el primer acto con el cual se inició el procedimiento de fiscalización era nulo de pleno derecho.

Es por ello, siempre considerar la literalidad de los actos que se emiten en un procedimiento de fiscalización, considerando plenamente los que dan inicio a estas revisiones, pues es ahí en donde la autoridad fiscal comete un sinnúmero de vicios y requerimientos de información que exceden sus facultades.
Si fuera el interés de conocer la sentencia completa del asunto aquí narrado, favor de hacernos llegar el correo respectivo.

Lic. Jose Manuel Toto Quino.
Director de Operaciones en Cori Tax & Legal.

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